El pasado 25 de mayo se debatió en el Congreso de los Diputados una propuesta de ley orientada a la promoción del consumo de alimentos y bebidas saludables en la población infantil. Esta iniciativa, impulsada por el grupo parlamentario SUMAR y defendida por el ministro Pablo Bustinduy, parte de una preocupación creciente en salud pública: la exposición temprana de niñas, niños y adolescentes a entornos alimentarios obesogénicos y altamente influenciados por el marketing de productos ultraprocesados.

La propuesta no es una medida aislada ni experimental. De hecho, ya se encuentra implementada en diferentes países europeos como Portugal, Francia, Países Bajos, Noruega, Eslovenia, Suecia, Reino Unido o Dinamarca, con resultados positivos en términos de mejora de hábitos alimentarios y reducción de la exposición infantil a publicidad de productos insanos.

La ley plantea varias medidas clave centradas en la protección del menor frente a factores ambientales que condicionan su alimentación. Entre ellas destaca la restricción de la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a la infancia y adolescencia. Este punto es especialmente relevante si se tiene en cuenta que, en España, cada menor puede llegar a recibir hasta 30 impactos publicitarios diarios de alimentos insanos o ultraprocesados, según datos del Ministerio de Consumo y la AESAN.

La evidencia científica muestra que la publicidad alimentaria influye directamente en las preferencias, solicitudes de compra y patrones de consumo de la infancia, consolidando desde edades muy tempranas una relación poco saludable con la comida. Por tanto, limitar esta exposición no solo es una medida regulatoria, sino una estrategia preventiva en salud pública.

Otro punto central de la propuesta es la prohibición de la venta y promoción de bebidas energéticas con alto contenido en cafeína en menores de edad. Este aspecto responde a una preocupación creciente por el consumo de estas bebidas en edades cada vez más tempranas.

Según datos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), basados en la European Food Safety Authority (EFSA), el 68% de los adolescentes entre 10 y 18 años consume bebidas energéticas. De ellos, un porcentaje significativo presenta consumos elevados, y aproximadamente un 53% de los adolescentes consumidores mezcla estas bebidas con alcohol, lo que incrementa considerablemente los riesgos para la salud.

En edades aún más tempranas, entre los 3 y 10 años, el consumo también es preocupante: un 18% ya las consume y un 16% lo hace de forma habitual. Estos datos evidencian una normalización del consumo de cafeína en población infantil.

El informe científico de la AESAN advierte de que una ingesta superior a 1,4 mg de cafeína por kilo de peso corporal puede provocar alteraciones del sueño, como insomnio o reducción de su duración. Si la ingesta alcanza los 3 mg/kg, pueden aparecer riesgos cardiovasculares, neurológicos, hematológicos y alteraciones psico-conductuales. Considerando que una lata de bebida energética puede contener entre 300 y 500 ml con altas concentraciones de cafeína, el riesgo potencial en menores es evidente.

Otro eje de la ley es la implementación de sistemas de advertencia nutricional claros en productos altos en azúcar, sal o grasas saturadas. Este tipo de medidas ya han sido aplicadas en países como Chile mediante sellos de advertencia frontales en los envases, lo que ha demostrado ser eficaz en la identificación rápida de productos de baja calidad nutricional.

En Europa, el sistema más conocido es el Nutri-Score, un etiquetado frontal basado en una escala de letras y colores que clasifica los alimentos según su composición nutricional. Aunque puede ser útil como herramienta orientativa, también presenta limitaciones importantes. No contempla el grado de procesamiento de los alimentos, lo que permite que algunos productos ultraprocesados mejoren su puntuación simplemente mediante ajustes aislados como la adición de fibra o la reducción de azúcar, sin modificar su calidad global.

Esto genera un fenómeno conocido como “health washing”, en el que productos de baja calidad nutricional pueden percibirse como saludables debido a una mejora en su puntuación dentro del sistema.

La propuesta también contempla limitar el uso de personajes infantiles, dibujos animados o elementos visuales atractivos en el packaging de productos no saludables. Este aspecto se basa en la evidencia del marketing alimentario dirigido a la infancia, que demuestra cómo el uso de personajes, colores llamativos y estrategias de gamificación aumenta significativamente la preferencia y demanda de productos poco saludables.

Basta observar el entorno de un supermercado para comprobar cómo los productos infantiles están estratégicamente ubicados a la altura de los ojos de los niños y diseñados específicamente para captar su atención. Lejos de ser casualidad, se trata de estrategias de marketing altamente estudiadas.

Finalmente, la ley propone restringir la publicidad de alimentos no saludables en un radio de 150 metros alrededor de centros escolares, parques e instalaciones deportivas, con el objetivo de reducir la exposición ambiental a mensajes que fomentan el consumo de productos ultraprocesados.

A pesar de que estas medidas se alinean con recomendaciones internacionales en salud pública y con políticas ya implementadas en otros países europeos, la propuesta fue rechazada por diferentes partidos políticos. Este hecho ha generado un debate social relevante sobre la priorización de intereses económicos y partidistas frente a la protección de la salud infantil.

La cuestión de fondo es inevitable: ¿qué puede justificar el rechazo a una medida cuyo objetivo es proteger la salud de la infancia?

Más allá del debate político, lo que está en juego es el derecho de los menores a crecer en entornos que favorezcan su salud y bienestar. En este contexto, la alimentación infantil no puede entenderse únicamente como una cuestión individual o de elección, sino como el resultado de un sistema complejo de determinantes sociales, comerciales y políticos.